Organizaciones sindicales y gremios estudiantiles en Ecuador ratificaron su rechazo a las reformas aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional y desde las primeras horas de este viernes protagonizan una serie de protestas que marcan el inicio de la resistencia social de cara al segundo periodo presidencial de Daniel Noboa.

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Las movilizaciones son organizadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), en Quito y otras ciudades. Se prevé que continúen el martes 16.

Los manifestantes partieron a las 09H00 desde la Casa del Maestro, ubicada en la avenida Ascázubi y 9 de Octubre, en la capital. Entre sus principales demandas figuran la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, la revisión de su reglamento, la atención a la crisis educativa, un aumento real del presupuesto social y la defensa de la educación pública.

Los sindicatos advirtieron que este paquete de leyes, que también incluye la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad, representa un retroceso para los derechos laborales y sociales, pues aseguran que criminaliza la protesta y afecta conquistas históricas de los trabajadores.

El movimiento estudiantil también participa en las jornadas de protesta. Nery Padilla, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), indicó que el 16 de julio se llevará a cabo una movilización nacional en rechazo a la deuda de 712 millones de dólares que mantiene el Gobierno con las universidades públicas, además de exigir mejoras en infraestructura, ampliación de becas, reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), garantías de estabilidad laboral, prácticas remuneradas y asignación adecuada de recursos.

Por su parte, Nelson Erazo, del Frente Popular, anunció que distintos sectores, incluidos los trabajadores del área eléctrica, docentes y servidores públicos, presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública ante la Corte Constitucional en los próximos días.

Los maestros insistieron en que el sistema educativo ecuatoriano atraviesa una crisis profunda y pidieron que se declare la emergencia para garantizar recursos suficientes y políticas públicas efectivas.

El gremio recalcó que no busca cierres de escuelas, sino la asignación de presupuesto adecuado para mejorar la infraestructura, reforzar la seguridad y atender a miles de estudiantes que abandonaron las aulas debido a la violencia y la falta de oportunidades.

Los maestros resaltaron que el plan “Nos Cuidamos” es un programa de seguridad escolar que el Gobierno presenta como algo nuevo, cuando en realidad son acciones que ellos mismos sugirieron y que deben implementarse con participación de toda la comunidad educativa y con políticas integrales, no solo normas aisladas.

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